Indotel dice que el bloqueo funciona; prisiones, que va mal
Santo Domingo (Noticia.do) El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, aseguró este martes que la inversión de 300 millones de pesos en bloqueadores de señal ha permitido desmantelar mafias criminales que operaban desde al menos cinco centros penitenciarios del país, donde los reclusos orquestaban desde sicariatos hasta consultas de brujería por teléfono.
Las declaraciones las ofreció Gómez Mazara al ser abordado por la prensa durante la inauguración de la exposición Prensa de los 12 Años, organizada por Indotel en referencia a los gobiernos del expresidente Joaquín Balaguer y la represión que vivió la prensa en esa época.
"Hasta consultoría de brujas": el alcance de la ciberdelincuencia carcelaria
El titular de Indotel reveló que desde los centros penitenciarios se coordinaban todo tipo de actividades delictivas utilizando teléfonos móviles e internet. "Hay un tema de sicariato, narcotráfico, hasta consultoría de brujas", afirmó Gómez Mazara, en referencia a una reclusa que —según versiones anteriores del funcionario— ofrecía servicios de adivinación a cambio de depósitos bancarios.
El funcionario apeló a un concepto que calificó como urgente: la ciberdelincuencia. "Hay un concepto que se llama ciberdelincuencia que nos está afectando", señaló, y advirtió que existen aspectos del proyecto que no puede divulgar por razones de seguridad nacional.
Según datos que Indotel ha manejado desde que lanzó el plan en 2024, más del 85% de las llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos y empresas en República Dominicana tienen origen en los recintos carcelarios.
La Victoria: el nudo que el bloqueo no puede desatar
Gómez Mazara reconoció que en la cárcel de La Victoria, la más poblada del país, no es posible implementar el bloqueo de señal porque los inhibidores afectarían a toda la comunidad que rodea el penal. "El problema fundamental del bloqueo es que en los entornos poblados no se puede, porque afecta a los ciudadanos", explicó.
La solución, según el funcionario, pasa por el traslado de los reclusos hacia Las Parras, un recinto ubicado en un entorno no poblado donde el bloqueo podría aplicarse sin restricciones. "Eso se resuelve trasladando a Las Parras", dijo, en alusión al proyecto que encabeza Roberto Santana, director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc).
Sin embargo, el propio Santana había declarado ante la prensa, en el Segundo Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, que el plan de bloqueo "va mal". El director de prisiones sostuvo que ningún bloqueador será efectivo mientras no exista personal capacitado que impida el ingreso de teléfonos, drogas y armas. "Mientras no haya el personal adecuado entrarán como perro por su casa drogas, ilícitos y celulares, todo lo que tú quieras", afirmó Santana en esa ocasión.
Las declaraciones de ambos funcionarios dibujan una contradicción institucional que hasta ahora no ha sido resuelta públicamente.
RD$300 millones y una empresa israelí detrás del proyecto
El plan piloto de bloqueo de señales opera actualmente en cinco centros penitenciarios con una inversión de 300 millones de pesos y cuenta con la asesoría de una empresa israelí. En la primera fase se instalaron bloqueadores en El Pino (La Vega), el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 de Azua, Anamuya (Higüey) y el recinto penitenciario de Santiago, seleccionados por su alta incidencia de delitos cibernéticos.
El Consejo Directivo de Indotel aprobó la asignación de los fondos en su sesión 036-2025, y la Dirección General de Presupuesto asumió el control y la vigilancia de los recursos para garantizar la transparencia en su ejecución. La licitación para la compra de los equipos quedó a cargo de la Procuraduría General de la República.
Lo que queda pendiente de respuesta es si los resultados que Gómez Mazara atribuye al plan —la desarticulación de mafias en cinco centros— son verificables y medibles, o si la divergencia con el director de prisiones refleja una brecha real en la coordinación institucional.
La ciudadanía puede reportar llamadas fraudulentas o irregularidades en servicios de telecomunicaciones a través del portal oficial de Indotel en indotel.gob.do o llamando al 1-809-732-5555.