La promulgación de la ley 13-26 fue dada a conocer este miércoles
Por Maxwell Reyes | Noticia.do
SANTIAGO.-El presidente Luis Abinader promulgó el 26 de marzo de 2026 la Ley 13-26, que elimina definitivamente las candidaturas independientes del sistema electoral dominicano. La normativa, aprobada por el Senado el 11 de marzo y por la Cámara de Diputados el 24 del mismo mes, deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral y reserva las postulaciones a cargos electivos exclusivamente a partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
¿Qué cambia exactamente con la Ley 13-26?
A partir de su vigencia, ningún ciudadano dominicano puede aspirar a un cargo de elección popular —presidencia, congreso o municipio— fuera de la estructura de un partido político reconocido. La figura de candidato independiente, que existía en la legislación electoral desde la Ley 20-23, queda formalmente extinguida antes de haber sido estrenada en un proceso electoral.
El origen: una sentencia que el Congreso eligió ignorar
La historia comienza el 13 de diciembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0788/24. En ella, los magistrados declararon inconstitucionales los requisitos que la Ley 20-23 imponía a los candidatos independientes, por considerarlos excesivos y desproporcionados. La alta corte no eliminó la figura —todo lo contrario: ordenó al Congreso legislar para regularla correctamente.
La Junta Central Electoral, en febrero de 2025, inició un proceso para regular las candidaturas independientes conforme al nuevo marco establecido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en marzo de 2026, el Poder Legislativo tomó un camino radicalmente opuesto: en lugar de reglamentar, decidió eliminar.
Para erradicar las candidaturas independientes, los legisladores se escudaron en el artículo 216 de la Constitución, que establece que los partidos políticos son los únicos facultados para postular candidaturas en todos los niveles de elección.
Los números del Congreso: una victoria aplastante con disidencia interna
La Cámara de Diputados aprobó la pieza con 118 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones. Los diputados que rechazaron la ley fueron Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Braily Vargas y Nelson Vega, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Se abstuvieron nueve diputados del PRM, dos de Fuerza del Pueblo y cuatro del PLD..
El detalle político relevante: el PRM, partido de gobierno, tuvo votos en contra y abstenciones propias. El diputado Eugenio Cedeño, del PRM, advirtió que con la ley aprobada el Congreso estaría "creando un monopolio" donde solo los partidistas estarían facultados para participar en las elecciones.
En el Senado, el panorama mostró fisuras similares antes de la aprobación. El senador Antonio Taveras Guzmán, del PRM, consideró que permitir candidaturas fuera de los partidos podría ampliar la democracia: "Yo pienso que la discusión se ha llevado mal. No creo que eso afecte a la democracia; al contrario, pienso que eso amplía la democracia", afirmó el legislador por la provincia Santo Domingo.
Las voces en contra: juristas, sociedad civil y activistas
La promulgación llegó a pesar de un coro crítico que advirtió desde distintos flancos:
El exjuez del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, fue uno de los más directos. El exmagistrado aseguró que la decisión legislativa representa una violación directa a la autoridad del máximo órgano judicial del país: "Esa es una barbaridad, no puedo estar de acuerdo con eso, porque violenta una disposición del órgano más alto del país en términos judiciales". Advirtió que el Tribunal Constitucional podría volver a pronunciarse: "Me imagino que el Tribunal Constitucional le va a ratificar de nuevo la decisión que tomó, porque ellos no podían hacer eso bajo ninguna circunstancia".
El abogado Alberto Fiallo, quien fue el autor de la acción de inconstitucionalidad que motivó la sentencia del TC, publicó el 25 de marzo un artículo en Diario Libre solicitando al presidente que no promulgara la legislación, argumentando que la eliminación de la figura limita el acceso al poder de líderes comunitarios que no desean integrarse a estructuras partidarias, reduce los incentivos para un uso transparente del dinero público, y agrava la desafección ciudadana hacia la política. "Las candidaturas independientes representan un tanque de oxígeno para una democracia que lo necesita", señaló.
El Frente Cívico y Social (FCS) fue aún más contundente. El presidente del FCS, Dr. Isaías Ramos, afirmó que "aquí no se discute un privilegio ni una concesión política; se discute si la Constitución obliga de verdad a quienes ejercen el poder", y recordó que el presidente Abinader juró cumplir y hacer cumplir la Constitución.
La activista Leidy Blanco apuntó a la raíz política del asunto: sostuvo que el Tribunal Constitucional no ha legislado, sino que reconoció la figura de las candidaturas independientes y mandó al Congreso a legislar en ese sentido. Alertó que los grandes niveles de abstención en República Dominicana se deben a que los partidos no han ofrecido propuestas acordes con lo que la sociedad espera, y que los candidatos independientes vendrían a obligar a los partidos a renovarse internamente.
El ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, también se sumó a las críticas. A través de sus redes sociales, señaló que "las cámaras legislativas, en su gran mayoría controlada por el partido de gobierno, aprobaron una ley en la que se elimina la posibilidad a los ciudadanos que no se encuentran agrupados en los partidos políticos del sistema de presentar candidatos a los cargos de elección popular".
Organizaciones de la sociedad civil acudieron nuevamente al Tribunal Constitucional en marzo de 2026 alegando que la eliminación contradice el precedente establecido por la sentencia TC/0788/24.
Los argumentos del oficialismo: constitución y estabilidad del sistema
Quienes respaldaron la ley también ofrecieron sus razones. El senador Ramón Rogelio Genao, autor del proyecto y vocero del PRSC, sostuvo que la medida busca fortalecer el rol exclusivo de los partidos en la presentación de candidaturas. El legislador planteó que al final del proceso se podría tener "una sábana que en vez de 35 casillas tenga cientos de casillas por la cantidad enorme de candidatos independientes que podrían surgir desde cualquier entidad de la sociedad civil, una junta de vecinos, un club de madres o un sindicato". Sostuvo que el sistema de partidos, pese a sus falencias, ha garantizado por más de 70 años la transición pacífica del poder.
El diputado Elías Wessin Chávez, quien presidió la comisión que estudió la pieza, argumentó que las candidaturas independientes rompen el diseño constitucional y generan incoherencias legales y operativas. Señaló que si se sometiera alguna modificación constitucional, estaría de acuerdo con estudiar las candidaturas independientes, pero que en el marco actual esa figura va en contra de la Constitución.
El precedente que preocupa: ¿puede el Congreso desacatar al Tribunal Constitucional?
Cuando una institución abre una puerta para ampliar derechos y otra corre a cerrarla, la pregunta ya no es solo jurídica. Varios constitucionalistas han señalado que la verdadera controversia no está en las candidaturas en sí, sino en que el Congreso eligió hacer lo opuesto a lo que el Tribunal Constitucional ordenó: en lugar de regular, eliminó.
El diputado Eugenio Cedeño advirtió que si aprueban la normativa, el Tribunal Constitucional la declarará inconstitucional, y señaló que la seguridad jurídica es la que perdería con la eliminación de los tres artículos, porque con ello se demuestra que la decisión del TC se deja a un lado y se abre "una caja de pandora" para que otras disposiciones de la alta corte sean rechazadas más adelante.
La abstención histórica registrada en las elecciones de 2024 —la mayor en 62 años según diversas organizaciones electorales— flota como telón de fondo de todo este debate. Para los críticos, cerrar la puerta a candidatos independientes cuando la ciudadanía ya muestra niveles récord de alejamiento de las urnas es una señal equivocada en el momento equivocado.
Lo que queda por resolver es si el Tribunal Constitucional volverá a pronunciarse sobre la materia, como anticipan varios juristas, y si ese eventual fallo tendría algún efecto práctico antes de las elecciones de 2028.