SANTO DOMINGO.- (Noticia.do) El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a Esmailin Pérez Pereira, hallado culpable de violar sexualmente a tres niñas de entre 11 y 12 años de edad en el municipio Pedro Brand durante el año 2024.
La condena fue impuesta por el juez Julio de los Santos Morla, quien presidió el tribunal integrado por las magistradas Leonarda Quezada y Clara Yoselin Rivera Franco. El procesado violó varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que establece el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Cómo operaba el agresor en Pedro Brand
La fiscal Brenda Reyes, litigante principal del caso junto a la fiscal Francheska Alcántara, detalló ante el tribunal el método que Pérez Pereira utilizaba para someter a las víctimas: las obligaba a ver pornografía, las forzaba a realizarle prácticas sexuales y luego las agredía.
El cuerpo probatorio presentado incluyó los tres certificados médico forenses practicados a cada una de las niñas, los cuales concluyeron que todas fueron violadas sexualmente. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Reyes, quien articuló el expediente desde la etapa de instrucción.
Qué establece la Ley 136-03 en casos de abuso a menores
La Ley 136-03 es el principal instrumento legal de protección a la infancia en República Dominicana. Tipifica como delito grave cualquier forma de violencia sexual contra personas menores de 18 años y faculta al Ministerio Público para actuar de oficio cuando las víctimas no pueden o no quieren denunciar.
Las penas por violación sexual agravada —cuando las víctimas son menores de 13 años— pueden alcanzar los 20 años de prisión, el máximo que prevé la norma para este tipo de conducta. La ley también obliga al Estado a garantizar asistencia psicológica y social a las víctimas durante todo el proceso judicial.
La República Dominicana avanza hacia un registro nacional de agresores sexuales previsto para este año, contemplado en el nuevo Código Penal y bajo administración del Ministerio Público, con el objetivo de reducir la reincidencia y mantener vigilancia activa sobre quienes cumplan condena.
El caso de Pérez Pereira se suma a una serie de condenas recientes por delitos sexuales contra menores en la provincia Santo Domingo Oeste. El Ministerio Público ha intensificado la persecución de este tipo de crímenes con equipos de fiscales especializados y mayor uso de peritajes forenses como prueba central.