SANTO DOMINGO.-(Noticia.do) Seis distribuidores de vehículos pesados enviaron comunicaciones formales al ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, y a su Comité de Compras y Contrataciones, para exigir la suspensión inmediata de la subasta inversa MAPRE-CCC-SI-2026-0001, que busca adquirir 100 camiones compactadores de basura por un valor de RD$750,000,000 para ser donados a ayuntamientos del país.
Las empresas Viamar, Bonanza Dominicana, Peravia Motors, Equimax, Importadora Cordero y MTE Group califican el pliego de condiciones de restrictivo, discriminatorio y diseñado "a la medida" de un único suplidor.
Qué exige el pliego que nadie puede cumplir
La objeción central apunta a una sola cláusula: el MAPRE exige que los oferentes demuestren disponibilidad física inmediata del 70% de los camiones ofertados —70 unidades— al momento de la visita de verificación, pautada para el 5 de mayo de 2026. Los 30 restantes deben entregarse en un plazo máximo de cinco días calendario desde la certificación del contrato, todos con matrícula, marbete y placas gestionadas.
Ramón Ceferino Beato, representante de Importadora CodePro S.R.L., lo planteó en términos jurídicos directamente ante el Comité de Compras en comunicación del 25 de marzo de 2026. Sostuvo que las exigencias del pliego "producen un efecto práctico de cierre del mercado, favoreciendo exclusivamente a quienes, por razones ajenas a la capacidad real de ejecución contractual, ya dispongan de inventario local masivo y preposicionado antes de la adjudicación."
Bonanza Dominicana, S.A.S., a través de su gerente de marca Cesar Sanchez, fue más allá. No solo rechazó la cláusula del 70%, sino que propuso incorporar al pliego una certificación de representación de marca y capacidad de posventa, argumentando que la sola disponibilidad inicial de inventario no garantiza el soporte técnico futuro de los equipos.
Las especificaciones que los distribuidores quieren cambiar
Las objeciones no se limitan a la disponibilidad del inventario. Los concesionarios también cuestionaron especificaciones técnicas que, afirman, reducen artificialmente el universo de marcas competidoras.
Entre los cambios sugeridos figuran: ampliar la transmisión de cinco velocidades a ocho más reversa; reducir el requisito mínimo del tanque de combustible de 170 a 160 litros; sustituir el sistema de compactación manual por palanca por uno electrónico; y ampliar la capacidad de carga de 10-12 yardas cúbicas a 10-13, para mejorar la eficiencia de descarga.
Señalan además que los plazos de entrega —70 unidades en cinco días, 30 en 30 días adicionales— son físicamente inalcanzables para cualquier empresa que no tenga ese inventario estacionado antes de que el proceso comience.
El decreto que autorizó la licitación de los RD$750 millones
La licitación tiene respaldo de la Presidencia de la República. El ministro administrativo Andrés Bautista García recibió el 13 de marzo de 2026 la comunicación PR-IN-2026-6783, firmada por él mismo en su carácter de ministro, autorizando la adquisición de las 100 unidades por hasta RD$750,000,000, en cumplimiento del decreto núm. 51-26 emitido el 28 de enero de 2026 por el presidente Luis Abinader.
La autorización exhortó a observar la Ley 47-25 y el decreto 15-17, que exige contar con la apropiación presupuestaria previa antes del inicio del gasto.
El cronograma del proceso establece que las ofertas técnicas y económicas deben presentarse el 10 de abril de 2026 a las 2:00 de la tarde. La puja electrónica está pautada para el 19 de mayo, y la adjudicación para el 28 de mayo.