SANTIAGO.— (Noticia.do) El abogado Pantalón Mieses Reynoso, representante legal del Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, afirmó este martes que la clínica operaba con habilitación vigente cuando murió Ángela Geraldín Hernández, de 32 años, durante una liposucción el pasado 26 de marzo. Su declaración choca de frente con la versión del Ministerio de Salud Pública, que ordenó el cierre definitivo del establecimiento el lunes mediante la Resolución 0006-2026, firmada por el ministro Víctor Atallah.
Ángela Geraldín Hernández murió el 26 de marzo de 2026 en la clínica estética Diosa, ubicada en la calle República del Líbano, sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago. El Ministerio de Salud la cerró ese mismo día por operar sin habilitación vigente y violar la Ley General de Salud No. 42-01. El centro tenía licencia hasta septiembre de 2025, no la renovó, y acumulaba un expediente de irregularidades desde agosto de 2024.
Cronología de la habilitación según la defensa de la clínica Diosa
Mieses Reynoso presentó una cronología detallada. El 22 de abril de 2022, el centro solicitó al Ministerio de Salud la licencia para operar. El 21 de septiembre de 2023 obtuvo la habilitación para cirugía plástica y estética, con vigencia hasta el 23 de septiembre de 2025.
El 26 de febrero de 2025, una comisión del Departamento Regional Norte de Habilitación inspeccionó el centro. Según el abogado, la inspección no encontró irregularidades y así lo hizo constar en un documento entregado al administrador, el licenciado Francisco Minaya. Pese a eso, el centro fue cerrado ese día.
El 7 de marzo de 2025, la clínica levantó mediante acto de alguacil una comprobación de cierre, y un juez ordenó la reapertura. Mieses Reynoso sostuvo que el cierre fue provisional por 45 días y que las operaciones se reanudaron. Al momento de la muerte de Hernández, el centro aguardaba respuesta del Departamento de Habilitación sobre los nuevos planos sometidos en diciembre de 2025.
Versión del Ministerio de Salud: historial de incumplimientos
La versión oficial contradice la del abogado. Según el expediente administrativo del Ministerio, en agosto de 2024 una primera inspección detectó modificaciones de infraestructura y ampliación de servicios sin autorización. En marzo de 2025 se ordenó el cierre temporal de 45 días para corregir las fallas. La inspección de seguimiento confirmó que los requisitos mínimos no se cumplieron.
En agosto de 2025, los representantes del centro firmaron un acta de compromiso en la que declararon que el establecimiento no prestaba servicios de salud porque estaba en remodelación. Para marzo de 2026, solicitaron el cambio de nombre del centro, proceso que estaba activo cuando ocurrió la muerte.
El cierre definitivo quedó plasmado en la Resolución 0006-2026, firmada por el ministro Víctor Atallah, por faltas graves y reiteradas, operando de manera clandestina y poniendo en peligro la vida de las personas.
Fiscalía investiga negligencia médica; Sodocipre suspendió al cirujano
La Fiscalía de Santiago confirmó que mantiene abierta una investigación penal. La fiscal Quirsa Abreu informó que las indagatorias se desarrollan de forma conjunta con el Ministerio de Salud, enfocadas en determinar si existió negligencia médica y si el centro operaba fuera de los parámetros legales.
El director médico del centro, el doctor Heriberto Liranzo, fue suspendido temporalmente por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética por su presunta vinculación con prácticas relacionadas al intrusismo profesional.
La querella de la familia señala que uno de los cirujanos vinculados al caso ya había enfrentado tres procesos judiciales por denuncias de mala práctica médica en los años 2011, 2015 y 2016. Pedro Domínguez Brito, abogado de los familiares de Hernández, advirtió que el establecimiento operaba bajo condiciones irregulares y pidió acciones contundentes.
La clínica, a través de su abogado, llamó a los medios a no reproducir "informaciones falsas y mal intencionadas" y advirtió que las declaraciones sin respaldo podrían tener consecuencias legales. El caso permanece abierto a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.