SANTO DOMINGO.- (Noticia.do) El 90% de las llamadas fraudulentas que se cometen en República Dominicana salen de las cárceles con teléfonos robados. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, lo dijo con datos este domingo en el programa Esferas de Poder, de RNN Canal 27, y agregó otro número que golpea: el 62% de la información que circula en redes sociales es falsa, y el 70% de los usuarios la reproduce sin verificar.
El INDOTEL tiene ya una resolución aprobada y RD$300 millones comprometidos con la Procuraduría General de la República para instalar bloqueadores de señal en centros penitenciarios. El primer piloto arranca en La Vega, por ser un recinto sin entorno residencial cercano. Cinco cárceles han sido identificadas con mayor actividad delictiva digital. Técnicos israelíes participan en el seguimiento.
Estafas telefónicas en RD: cómo operan desde las cárceles
Gómez Mazara trazó la cadena completa: el 36% de los robos callejeros en el país tiene como objetivo un celular. Ese dispositivo termina, en la mayoría de los casos, dentro de un penal. Desde allí se originan las estafas.
El funcionario citó un caso concreto: un recluso en una cárcel del sur acumuló millones de pesos en su cuenta bancaria mientras cumplía condena. Su negocio era la consultoría de brujería por teléfono. "La gente lo llamaba, él hacía su recomendación", dijo Gómez Mazara, sin revelar el nombre del imputado.
El INDOTEL también actuó en el eslabón de entrada al sistema. Semanalmente se venden en el país 400,000 tarjetas SIM. Hasta que la institución emitió una resolución de trazabilidad, cualquiera podía comprar una SIM en una esquina, cometer un delito y desecharlo sin dejar rastro. La resolución obliga ahora a registrar quién vende, dónde y a qué hora.
En Santiago y el Cibao, el problema es especialmente agudo. El INDOTEL lanzó en marzo la campaña "No me llames" en la región precisamente porque es una de las zonas con mayor concentración de casos. La campaña orienta a los ciudadanos sobre cómo identificar solicitudes sospechosas de información, premios inexistentes y amenazas falsas atribuidas a instituciones del Estado.
Niños dominicanos en internet: 8.5 horas diarias y vulnerables al phishing
Gómez Mazara puso sobre la mesa otro dato que no estaba en el radar público: los niños dominicanos entre 8 y 14 años pasan un promedio de 8.5 horas diarias conectados a internet.
"Por eso soy de las personas que he promovido la idea de que en el aula a los niños y niñas se les distancie del uso de esos instrumentos, porque les hace perder la concentración", dijo.
La sobreexposición los deja vulnerables al phishing —la técnica con la que terceros seducen o engañan a menores para obtener información o exponerlos a contenidos dañinos. El INDOTEL ha invertido en programas preventivos, aunque el presidente de la institución reconoció que la escala del problema supera los recursos actuales de concienciación.
El fenómeno ocurre en un país que tiene 10 millones de celulares activos para una población oficial de 10.4 millones de habitantes. Muchos dominicanos cargan dos o tres dispositivos. El teléfono fijo, en cambio, ha casi desaparecido: apenas un millón y pico de hogares mantiene línea instalada.
Una ley de 1998 para los delitos de 2026
El marco jurídico que regula las telecomunicaciones en República Dominicana tiene 28 años. Gómez Mazara lo reconoció sin rodeos: la ley vigente es una herramienta obsoleta para perseguir ciberdelitos.
El INDOTEL finalizó un proyecto de ley que será depositado en el Congreso en esta legislatura. El objetivo es dotar al Estado de mecanismos legales actualizados para investigar y sancionar delitos digitales con la misma eficacia con la que los cometen quienes los perpetran.
"El dato mata el relato", sentenció el funcionario. Esa frase sintetiza la filosofía con la que Gómez Mazara justifica cada medida: sin estadísticas verificables, la política pública no tiene dirección.
La inteligencia artificial añade una capa nueva al problema. El INDOTEL considera que la IA "favorece la capacidad de falsificar voces e imágenes", lo que eleva el riesgo de desinformación y obliga a revisar cómo se certifica la autenticidad del contenido que circula en plataformas digitales.
Mientras tanto, una mentira sigue corriendo seis veces más rápido que la verdad en las redes.