SANTO DOMINGO, República Dominicana (Noticia.do). El magistrado Justiniano Montero Montero planteó la necesidad de reformar el Código Iberoamericano de Ética Judicial para adaptarlo a los retos tecnológicos, sociales e institucionales del siglo XXI. Su propuesta pone sobre la mesa un debate que ya no gira solo sobre principios generales de conducta, sino sobre cómo deben actuar los jueces ante la inteligencia artificial, las redes sociales, la transparencia inmediata y los nuevos conflictos de interés.
Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, hizo el planteamiento durante el panel “20 años del Código Iberoamericano de Ética Judicial”, celebrado en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026. Allí sostuvo que la ética conserva una base estable, pero los instrumentos que la regulan no pueden quedarse inmóviles mientras cambian la tecnología, la vida pública y la forma en que la ciudadanía examina a sus jueces.
El punto central de su intervención fue directo: el Código Iberoamericano de Ética Judicial ya no puede leerse con la misma lógica de 2006. Según expuso, el contexto actual obliga a revisar a fondo ese marco normativo para que responda a problemas que hace dos décadas no tenían el peso que tienen hoy en la administración de justicia. Entre ellos figuran el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, la conducta de los jueces en entornos digitales y la presión que impone la circulación instantánea de información.
El magistrado recordó que ese código fue aprobado originalmente en la República Dominicana en 2006, un dato que coloca al país en un punto simbólico dentro de la discusión iberoamericana sobre ética judicial. Desde entonces, explicó, el instrumento sirvió de base para consolidar una cultura de comportamiento ético en varios poderes judiciales de la región. Pero su advertencia fue clara: ese recorrido no basta por sí solo para responder a la etapa actual.
Montero defendió que la revisión no sea superficial. Su planteamiento apunta a una reforma profunda, con intervención de una comisión multidisciplinaria que incorpore visión filosófica, jurídica y tecnológica. Bajo esa lógica, el nuevo texto tendría que reflejar la realidad operativa de los sistemas judiciales iberoamericanos y no limitarse a repetir principios que, aunque valiosos, requieren actualización práctica para ser aplicados en escenarios nuevos.
Por qué el Código Iberoamericano de Ética Judicial entra en una nueva etapa
La propuesta no se reduce a modernizar lenguaje. Lo que está en discusión es si la justicia puede mantener confianza pública con reglas pensadas para un entorno anterior al auge de plataformas digitales, sistemas automatizados y vigilancia ciudadana permanente.
Uno de los puntos más sensibles es la relación entre ética judicial e inteligencia artificial. El uso de sistemas tecnológicos en procesos de apoyo a decisiones, organización de expedientes o análisis documental abre preguntas delicadas. ¿Hasta dónde puede llegar esa asistencia? ¿Qué límites deben fijarse para proteger independencia, imparcialidad y debido proceso? ¿Cómo se evita que una herramienta tecnológica altere criterios que solo corresponden al juez? El reclamo de Montero empuja justamente esa conversación.
También aparece el tema de las redes sociales y la conducta del juez fuera de la sala de audiencias. La exposición pública, los comentarios en plataformas digitales y la percepción de cercanía con causas, actores o intereses pueden afectar la confianza en la neutralidad judicial. En ese punto, una reforma al Código Iberoamericano de Ética Judicial buscaría establecer referencias más claras para una realidad donde la frontera entre vida privada y escrutinio público es cada vez más estrecha.
El alcance regional de la propuesta hecha desde República Dominicana
La intervención del magistrado dominicano encontró coincidencia en especialistas internacionales que participaron en el panel. Según el texto base del evento, hubo acuerdo en que las tecnologías actuales han generado dilemas éticos que el código original no podía prever hace veinte años. Ese consenso refuerza la idea de que no se trata de una inquietud aislada ni de una discusión limitada a República Dominicana.
Para el país, el debate tiene un valor adicional. República Dominicana fue el lugar de aprobación original del código y ahora vuelve a aparecer como escenario de una posible actualización conceptual. Eso le da peso regional a la propuesta y coloca al Poder Judicial dominicano dentro de una conversación más amplia sobre integridad, transparencia y adaptación institucional.
El planteamiento también se conecta con el Plan Justicia del Futuro 2034, presentado como eje de la Conferencia del Poder Judicial 2026. Dentro de esa estrategia, la revisión del marco ético encaja como una pieza de largo plazo: no solo se trata de mejorar normas, sino de preparar al sistema para una década marcada por automatización, presión pública y nuevas exigencias de rendición de cuentas.
En términos prácticos, la propuesta abre la puerta a discutir asuntos que suelen quedar dispersos: objeción de conciencia, conflictos de interés, transparencia institucional y criterios éticos para el uso de inteligencia artificial en la justicia. Montero sostiene que una justicia confiable necesita una estructura ética que no le tenga miedo a la modernización. Ese punto puede convertirse en la línea más fuerte del debate regional en los próximos meses, porque ya no basta con proclamar independencia judicial: ahora también hay que demostrar cómo se protege en medio de plataformas, algoritmos y exposición digital constante.
No hay todavía un nuevo texto sobre la mesa, pero sí una señal política e institucional relevante: desde la Suprema Corte de Justicia se está pidiendo que el Código Iberoamericano de Ética Judicial deje de ser solo una referencia emblemática y pase a funcionar como una guía práctica para los dilemas reales del presente. Ese giro, si avanza, pondrá a prueba la capacidad de Iberoamérica para traducir principios clásicos de integridad en reglas útiles para una justicia atravesada por tecnología, velocidad informativa y vigilancia pública permanente.