SANTO DOMINGO, (Noticia.do).— La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) promueven en el Senado un proyecto de ley para regularizar pagos por obras ejecutadas sin contrato formal, una iniciativa que, según la oposición, reproduce riesgos jurídicos y fiscales ya advertidos por el presidente Luis Abinader en una pieza anterior.

La organización opositora cuestionó que el proyecto haya avanzado en la Cámara de Diputados y advirtió que, de aprobarse en el Senado, podría abrir espacios de discrecionalidad en el uso de fondos públicos destinados al pago de obras cuya documentación, ejecución y montos deberían ser previamente verificados.

La Fuerza del Pueblo denunció el 28 de abril de 2026 que el PRM impulsa en el Senado un proyecto relacionado con el pago de obras ejecutadas sin contrato formal. La organización sostiene que la iniciativa puede abrir espacios de discrecionalidad en el uso de fondos públicos. El antecedente central es que Abinader observó en enero una ley similar por riesgos fiscales y falta de controles.

Raúl Martínez pide al Senado rechazar el proyecto de Ley

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, afirmó en rueda de prensa que la pieza legislativa busca reconocer obligaciones económicas del Estado frente a personas físicas y empresas sin que, según dijo, exista una verificación suficiente sobre la legalidad de los compromisos, la ejecución real de las obras y los montos reclamados.

Martínez sostuvo que el proyecto podría convertir en deuda pública compromisos no formalizados mediante contratos, adendas u otros mecanismos administrativos regulares. A juicio de la FP, ese procedimiento debilitaría los controles presupuestarios y de contratación pública.

La denuncia se produce luego de que medios nacionales reportaran que la Cámara de Diputados aprobó una nueva versión del proyecto para pagar reclamaciones de contratistas por obras ejecutadas sin contrato formal. La iniciativa fue sometida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y generó rechazo de legisladores de oposición.

El antecedente: una ley observada por Abinader

El principal elemento político de la denuncia es que el presidente Luis Abinader ya había observado en enero una ley relacionada con el pago de obras ejecutadas sin contrato formal. Según reportes publicados entonces, el Poder Ejecutivo devolvió la pieza al Congreso con observaciones por riesgos fiscales, debilidades de control y falta de certeza sobre las deudas reclamadas.

Ese antecedente es el punto que la Fuerza del Pueblo utiliza para cuestionar la insistencia del oficialismo en una nueva versión del proyecto. Para la organización opositora, el Congreso no debería aprobar una legislación que, según afirma, mantiene problemas similares a los observados previamente por el Ejecutivo.

Medios nacionales también reportaron en enero que la pieza observada planteaba autorizar pagos por obras sin contratos formalizados y que el Poder Ejecutivo señaló falta de especificación de montos y posibles violaciones a disposiciones constitucionales.

FP advierte riesgos en el uso de fondos públicos

Martínez advirtió que la aprobación del proyecto podría afectar principios de responsabilidad financiera, legalidad presupuestaria y control del gasto público. Dijo que el Estado no debe reconocer obligaciones económicas sin una evaluación rigurosa de los expedientes, la existencia de las obras, los beneficiarios y la trazabilidad de cada reclamación.

La Fuerza del Pueblo calificó la iniciativa como riesgosa para la administración pública y pidió al Senado rechazarla. También planteó que, si la pieza es aprobada por la Cámara Alta, el Poder Ejecutivo debería observarla nuevamente.

La oposición sostiene que cualquier reconocimiento de deuda debe estar acompañado de certificaciones técnicas, documentación contractual, validación presupuestaria y mecanismos de auditoría que garanticen transparencia en el proceso.

El proyecto queda en manos del Senado

La iniciativa se encuentra ahora en el Senado de la República, donde deberá agotar el trámite legislativo correspondiente. El PRM cuenta con mayoría congresual, pero la oposición ha anunciado que mantendrá vigilancia sobre el contenido final de la pieza.

Hasta el momento, la Fuerza del Pueblo insiste en que el debate no debe limitarse al pago de contratistas, sino al precedente institucional que implicaría reconocer obligaciones del Estado sin los controles ordinarios de contratación, presupuesto y deuda pública.