SANTO DOMINGO, (Noticia.do).— El ambientalista Nelson Bautista, miembro del consejo administrativo del Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondeur y representante de la Fundación Acción Verde, advirtió que el debate sobre el proyecto minero Romero, impulsado por GoldQuest en San Juan, no debe reducirse al oro, sino al riesgo sobre el agua que sostiene la producción agrícola del valle.
Sectores de San Juan rechazan el proyecto minero Romero porque temen que una operación de GoldQuest afecte las fuentes de agua que sostienen la agricultura del valle. El ambientalista Nelson Bautista advierte que, antes de aprobar cualquier explotación, el Estado debe garantizar estudios ambientales integrales, capacidad real de supervisión y aceptación social de las comunidades.
Bautista sostuvo en el programa 55 minutos por CDN, que San Juan enfrenta una decisión estratégica: preservar su vocación agrícola y sus fuentes hídricas o abrir paso a una actividad extractiva que, según él, podría dejar pasivos ambientales difíciles de remediar.
La discusión sobre el proyecto Romero volvió al centro del debate público luego de que diversos sectores sociales realizaran el lunes 27 de abril una huelga de 24 horas en San Juan de la Maguana, en rechazo a la iniciativa de la empresa canadiense GoldQuest. La jornada incluyó cierre de comercios, marchas, quema de neumáticos y bloqueos de calles, de acuerdo con reportes periodísticos.
Por qué San Juan rechaza el proyecto Romero
De acuerdo con Bautista, la preocupación principal de la comunidad es el agua. El ambientalista afirmó que el río San Juan y las cuencas asociadas al valle son esenciales para la agricultura de la zona, por lo que cualquier contaminación tendría consecuencias económicas, sociales y alimentarias.
“Si tú contaminas el agua de San Juan, le estás afectando la base productiva a una región completa”, planteó Bautista durante la entrevista.
El Ministerio de Medio Ambiente ha señalado que el proyecto minero Romero no ha sido aprobado y que autorizar la realización de estudios ambientales no equivale a conceder una licencia de explotación. El ministro Armando Paíno Henríquez explicó que el proceso actual forma parte de la evaluación ambiental que exige la normativa vigente.
GoldQuest, por su parte, ha defendido que el proyecto sería subterráneo y que busca explotar un yacimiento de oro, plata y cobre con menor impacto sobre el medioambiente y las fuentes hídricas. La empresa ha sostenido que el proyecto dependerá de los estudios técnicos y ambientales correspondientes.
Falcondo como advertencia ambiental
Para Bautista, el país no puede analizar el caso de San Juan sin mirar experiencias anteriores. Citó el pasivo ambiental asociado a operaciones mineras como Falcondo y Rosario Dominicana como ejemplos de lo que puede ocurrir cuando el Estado no tiene suficiente capacidad de supervisión y remediación.
“El problema no es solo cuando la mina está operando. El gran problema es qué pasa después, quién se queda con el pasivo ambiental y quién paga por reparar el daño”, expresó.
El ambientalista sostuvo que provincias donde se extrajeron grandes riquezas minerales no necesariamente se convirtieron en territorios prósperos. A su juicio, ese antecedente alimenta la desconfianza de comunidades como San Juan de la Maguana frente a promesas de desarrollo basadas en minería.
GoldQuest defiende minería subterránea
La empresa GoldQuest Mining Corp. se presenta como una compañía canadiense de exploración y desarrollo enfocada en oro y cobre en República Dominicana, con el proyecto Romero como uno de sus activos principales.
La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana informó en 2025 que GoldQuest inició formalmente estudios ambientales para el proyecto Romero y que la iniciativa está concebida como una mina subterránea para producir concentrado de cobre con contenido de oro y plata. Según esa versión, el diseño contempla procesos de flotación sin uso de químicos contaminantes, reciclaje de agua de proceso y controles ambientales.
Bautista no descarta que existan diferencias técnicas entre minería subterránea y minería a cielo abierto, pero insiste en que el punto central es la capacidad real del Estado para fiscalizar una operación de esa magnitud.
“Antes de hablar de minería moderna hay que hablar de instituciones modernas, con recursos, técnicos bien pagados y capacidad de supervisar”, afirmó.
Licencia ambiental y licencia social
El ambientalista considera que GoldQuest enfrenta dos obstáculos: la licencia ambiental y la licencia social. La primera depende del proceso formal ante las autoridades. La segunda, dijo, depende de la aceptación de las comunidades que viven en el territorio.
“El proyecto puede tener papeles, pero si la comunidad entiende que su agua está en riesgo, no hay licencia social”, sostuvo Bautista.
Esa preocupación coincide con el reclamo de organizaciones agrupadas en el Comité Unido por el Rescate del Agua y la Vida, que han mantenido movilizaciones contra el proyecto minero Romero. Los convocantes de la huelga del 27 de abril aseguran que el rechazo se basa en posibles daños a las cuencas hidrográficas de la región.
La propuesta de un estudio ambiental estratégico
Bautista favorece que el país vaya más allá de un estudio de impacto ambiental tradicional. A su juicio, San Juan necesita una evaluación ambiental estratégica que analice toda la cuenca, las fuentes de agua, la agricultura, el potencial turístico y las actividades productivas alternativas.
Ese tipo de estudio, explicó, permitiría responder una pregunta más amplia: no solo si una mina puede operar técnicamente, sino si conviene al modelo de desarrollo de la provincia.
El ambientalista recordó el precedente de Loma Miranda, donde el debate ambiental llevó a una revisión más profunda sobre la viabilidad de explotar una zona de alta sensibilidad ecológica. <h2>El desarrollo alternativo de San Juan</h2>
Bautista rechazó que la minería sea la única ruta posible para dinamizar San Juan. Afirmó que la provincia tiene potencial agrícola, ecoturístico, científico y ambiental que podría generar empleos sin comprometer las fuentes de agua.
Entre esas posibilidades mencionó el desarrollo de cultivos no tradicionales, el aprovechamiento turístico de la presa de Palomino y el impulso del Gran Jardín Botánico del Sur, proyecto que, según dijo, representa una alternativa de desarrollo vinculada a la conservación.
“San Juan tiene demasiadas cosas que hacer antes de entregar su agua a una mina”, expresó.
El Estado y la supervisión ambiental
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la capacidad estatal para vigilar actividades extractivas. Bautista sostuvo que República Dominicana ha mostrado debilidad incluso para controlar la extracción de agregados en ríos y montañas, por lo que duda que pueda supervisar con eficacia una operación minera de alta complejidad.
“Si no hemos podido controlar la extracción de arena, caliche y materiales de construcción, ¿cómo vamos a supervisar una minera de oro?”, cuestionó.
El ambientalista dijo que su posición no es contra toda actividad minera en sentido absoluto, sino contra aprobar proyectos en zonas sensibles sin instituciones fuertes, sin estudios integrales y sin confianza social.
Qué está en juego
Para Bautista, el conflicto de San Juan resume una pregunta nacional: qué modelo de desarrollo quiere República Dominicana para sus territorios agrícolas y montañosos.
El proyecto Romero promete inversión, infraestructura y actividad económica. Sus opositores advierten sobre riesgos para el agua, la agricultura y la estabilidad ambiental del valle.
Mientras el Gobierno insiste en que todavía no existe autorización para explotación minera, la comunidad mantiene su rechazo y exige que cualquier decisión tome en cuenta el valor estratégico del agua en una provincia considerada clave para la producción agrícola del país.