SANTO DOMINGO.—(Noticia.do) Danilo Rafael Santos, presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y alcalde del municipio Los Alcarrizos, reveló este miércoles que hay camiones compactadores adquiridos en 2026 que están paralizados porque los suplidores no tienen soporte técnico para mantenerlos operativos.
Santos hizo las declaraciones durante su participación en el programa radial El Sol de la Mañana, en medio de la controversia que rodea la licitación del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) para la compra de 100 camiones compactadores por un monto de RD$750 millones destinados a los ayuntamientos del país.
"Hay camiones que se compraron en 2026 y están paralizados, no se mueven", afirmó el funcionario, sin identificar cuáles municipios ni qué suplidores están involucrados en esos casos.
Suplidores que viajan a China después de ganar el contrato
Santos identificó un patrón que, a su juicio, se repite en cada proceso de compra pública de equipos municipales: el suplidor gana la licitación sin tener los camiones en el país, y solo después viaja a China a adquirirlos.
"¿Qué quieren hacer? Lo mismo de siempre, donde una alcaldía o el Gobierno convoca a una licitación, la ganan y, una vez tienen el contrato, viajan a China a comprar los camiones", declaró Santos.
El funcionario señaló que las cajas compactadoras —el componente técnico central de estas unidades— son la principal debilidad del mercado local de suplidores, porque prácticamente ninguno ofrece asistencia técnica especializada para esa pieza una vez el equipo está en operación.
Cuestionó también la diferencia de precios entre el sector público y el privado en la compra de estos equipos, aunque no ofreció cifras concretas ni identificó suplidores específicos.
Camiones compactadores y la Ley de Residuos Sólidos
Los municipios del Gran Santo Domingo operan bajo la presión de la Ley de Residuos Sólidos, que obliga a los ayuntamientos a establecer planes formales de gestión para acceder a financiamiento. Sin equipos suficientes, esa obligación legal se convierte en un obstáculo para recibir fondos.
Santos advirtió que una parte significativa de los residuos del Gran Santo Domingo termina en cañadas y ríos por la falta de capacidad operativa de los municipios.
Reconoció que la subasta inversa —el mecanismo elegido por el MAPRE para este proceso— es uno de los más transparentes disponibles en el sistema de compras públicas, pero insistió en que la transparencia del proceso no garantiza que el adjudicatario pueda cumplir.
"El oferente que gane no puede escudarse en la guerra en el Medio Oriente ni en retrasos de embarques; la basura no espera y exige respuestas", advirtió.
El MAPRE modificó esta semana el pliego de condiciones de la licitación, reduciendo la primera entrega de 70 a 50 unidades y ampliando el plazo a 45 días calendario, luego de que concesionarios como Viamar, Bonanza Dominicana, Peravia Motors, Equimax, Importadora Cordero y MTE Group calificaran las condiciones originales de "restrictivas y discriminatorias". La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) advirtió que los cambios son insuficientes y no corrigen las distorsiones de fondo.
La Mancomunidad del Gran Santo Domingo coordina acciones conjuntas entre los cabildos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, y es uno de los principales receptores de los equipos que adquiere el Estado para recolección de residuos.