SANTO DOMINGO.- (Noticia.do) El presidente Luis Abinader autorizó este martes la extradición de cuatro ciudadanos dominicanos reclamados por la justicia de Estados Unidos y Puerto Rico, mediante los decretos 240-26, 241-26, 242-26 y 243-26. Los cargos abarcan narcotráfico, distribución de fentanilo, lavado de activos, asesinato en primer grado y distribución de material de explotación sexual infantil.
Es el lote de extradiciones con mayor diversidad de cargos graves autorizado en lo que va de 2026, según la información oficial divulgada por la Presidencia de la República.
Cuatro decretos, cuatro jurisdicciones distintas en Estados Unidos
El decreto 240-26 ordena la entrega de Frank Maiky Báez Guerrero a las autoridades federales de Massachusetts. El expediente lo vincula a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, con cargos por distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de conspiración y uso de medios de comunicación para fines ilícitos.
El decreto 241-26 dispone la extradición de Carlos Manuel Martínez De León al Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida. Enfrenta 22 cargos relacionados con distribución de material de explotación sexual infantil, el número más alto de cargos entre los cuatro casos.
Mediante el decreto 242-26, el Ejecutivo ordenó la entrega de Ruddy Cénit Then — también identificado como Ruddy Cenitthen — a la justicia del Distrito Sur de Nueva York. Se le acusa de asociación criminal para distribuir grandes cantidades de fentanilo y metanfetamina.
El decreto 243-26 corresponde a Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias "Tico Tico", requerido por autoridades de Puerto Rico por asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas.
Fentanilo y drogas sintéticas, el eje de dos de los cuatro casos
Dos de los cuatro dominicanos extraditados este martes enfrentan cargos vinculados al tráfico de fentanilo y metanfetamina — las drogas sintéticas que concentran la mayor presión de las autoridades estadounidenses desde que la crisis de opioides escaló como prioridad federal.
Las jurisdicciones involucradas — Massachusetts, Distrito Sur de Florida, Distrito Sur de Nueva York y Puerto Rico — reflejan la dispersión geográfica de las redes criminales en las que los imputados habrían operado.
Los decretos establecen que ninguno de los extraditados podrá ser juzgado por hechos distintos a los que motivaron su entrega. Tampoco se les podrá imponer una pena superior a la máxima contemplada en la legislación penal dominicana ni aplicar la pena de muerte, garantías estándar incluidas en el Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos.
¿Cómo afecta esto a los dominicanos en el exterior?
Dos de los cuatro casos tienen conexión directa con comunidades donde se concentra la diáspora dominicana: Massachusetts — donde residen más de 120,000 dominicanos, con fuerte presencia en Lawrence y Boston — y el Distrito Sur de Florida, que incluye Miami. La extradición de Frank Maiky Báez Guerrero, vinculado a una red de fentanilo en Massachusetts, y de Carlos Manuel Martínez De León, procesado en Florida por 22 cargos de explotación sexual infantil, son los casos con mayor impacto potencial para comunidades dominicanas en esas jurisdicciones. Las autoridades federales en ambos estados han intensificado la persecución de redes de narcotráfico con vínculos transnacionales en los últimos dos años.
Los expedientes de los cuatro imputados serán remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración para los trámites de entrega.