ENJ y ANJE estudiarán cuánto cuesta la justicia ineficiente en RD
SANTO DOMINGO.- (Noticia.do).-La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) firmaron este martes un acuerdo interinstitucional para desarrollar el primer estudio conjunto que cuantificará el impacto de la justicia en los sectores productivos de República Dominicana, una alianza entre el sistema judicial y el empresariado joven que no tiene precedentes en el país.
El convenio fue suscrito en las instalaciones de la ENJ por Ángel E. Brito Pujols, director de la institución, y Boris De León Reyes, presidente de ANJE —abogado de profesión y quien, desde su posición anterior como coordinador de la Comisión de Justicia y Legislación de ANJE, impulsó por años la agenda de reforma judicial desde el sector privado—.
Lo que medirá el estudio: seguridad jurídica y clima de negocios
El eje central del acuerdo es la elaboración de un estudio que analice la relación entre el funcionamiento del sistema de justicia y el desarrollo económico del país. En concreto, el trabajo evaluará cómo la seguridad jurídica, la eficiencia de los tribunales y la capacidad del sistema para resolver conflictos inciden en las decisiones de inversión dentro del territorio dominicano.
La investigación será conducida por equipos técnicos de ambas instituciones, con participación de especialistas externos. La ENJ asumirá la coordinación académica; ANJE aportará el vínculo con el sector empresarial y facilitará los espacios de validación y socialización de resultados.
De León Reyes fue directo sobre las motivaciones de ANJE: la justicia no es un tema exclusivamente jurídico, es también un factor económico. "La forma en que la justicia aporta en mantener la institucionalidad es clave para enviar una señal de confianza institucional y de mayor previsibilidad para la mejora del clima de negocios e inversión en la República Dominicana", declaró el presidente de la organización empresarial.
El trasfondo legislativo que le da urgencia al acuerdo
Lo que distingue este acuerdo de un convenio académico ordinario es el momento en que ocurre. El director de la ENJ, Brito Pujols, reveló durante el acto que hay un proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial depositado en el Congreso Nacional, cuya aprobación podría transformar la estructura del sistema judicial dominicano.
"Debemos ver cómo generar un acuerdo para llevar la racionalidad a la administración del sistema, y que esta racionalidad pueda convertirse en calidad y en oportunidad de la justicia", explicó Brito Pujols, señalando que el estudio que producirán con ANJE puede convertirse en insumo técnico para ese debate legislativo.
Para ANJE, el tema no es nuevo. En su análisis de la rendición de cuentas presidencial de febrero de 2026, la organización advirtió que sin justicia efectiva y previsible los costos de hacer negocios se elevan, frenando el potencial de crecimiento de la economía dominicana. El dato que la institución ha manejado públicamente es contundente: según el Atlas of Economic Complexity, República Dominicana crecería apenas 3.8% anual entre 2024 y 2034, una cifra que la propia ANJE califica como insuficiente para alcanzar la Meta RD 2036.
En ese contexto, mejorar la eficiencia judicial no es solo una demanda de los abogados. Es, cada vez más, una condición que los empresarios colocan al lado de la energía eléctrica y la infraestructura cuando evalúan dónde invertir.
Más allá del estudio: capacitación y propiedad intelectual compartida
El acuerdo incluye también programas de capacitación conjuntos —charlas, talleres, seminarios y pasantías— en materias de derecho y temas de interés empresarial. Ambas instituciones intercambiarán material bibliográfico y colaborarán en investigación científica vinculada a sus áreas estratégicas.
Un detalle que evidencia el carácter equitativo de la alianza: el estudio sobre el impacto de la justicia en la economía será propiedad intelectual compartida de la ENJ y ANJE en partes iguales. Una señal de que ninguna institución tiene aquí un rol subordinado.
La firma del convenio se produce en un momento en que el diálogo público-privado en República Dominicana gana terreno como herramienta de política pública. Este acuerdo suma al sistema judicial —históricamente distante del debate económico— a esa conversación.