Mirna Ortiz advierte que ningún acto de corrupción quedará sin respuesta
Por Maxwell Reyes | Noticia.do
SANTIAGO.-La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), afirmó este lunes que el Ministerio Público no tolerará conductas reñidas con la ley, mientras el tribunal aplazó al martes 7 de abril la audiencia de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir US$10,000 como soborno de una persona bajo investigación formal.
¿Qué pasó el lunes con el caso del fiscal dominicano acusado de soborno?
El tribunal aplazó al martes 7 de abril la audiencia de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir un soborno de US$10,000 de un investigado del Ministerio Público. La defensa solicitó más tiempo para revisar las pruebas. El Ministerio Público pide un año de prisión preventiva. La procuradora de PEPCA, Mirna Ortiz, reiteró este lunes que la institución no tolerará conductas ilegales.
Ortiz produjo sus declaraciones durante un receso de la audiencia preliminar que se celebra en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional contra los acusados por corrupción administrativa Hugo Beras, José Ángel (Jochi) Gómez Cananaán y compartes. Al ser interrogada por periodistas sobre el proceso abierto contra Valdez Alcántara, la funcionaria fue categórica: "Desde el Ministerio Público no se va a tolerar ningún tipo de conductas que sean reñidas con la ley", declaró.
Un caso que no detiene las investigaciones en curso
Sobre el impacto del arresto de Valdez Alcántara en los expedientes que él manejaba, Ortiz descartó cualquier riesgo procesal. "Ningún fiscal lleva un caso de manera particular o aislada; los casos todos se trabajan en grupo o equipo de fiscales", explicó, al señalar que todos los miembros de los equipos de trabajo tienen igual conocimiento y dominio de cada expediente.
La funcionaria también llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto irregular cometido por funcionarios públicos. "Esa es la única forma en que podremos eliminar todo acto de corrupción que riñe contra el patrimonio público", subrayó.
El tribunal da tiempo a la defensa
El aplazamiento al martes 7 de abril a las 2:00 de la tarde fue solicitado por los abogados defensores de Valdez Alcántara, con el argumento de necesitar más tiempo para examinar en detalle las pruebas y piezas del expediente. El tribunal acogió la petición.
El Ministerio Público solicitó el domingo la imposición de un año de prisión preventiva contra el fiscal, quien fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes durante una entrega controlada. Según las pesquisas, Valdez Alcántara habría solicitado inicialmente US$200,000 a la persona investigada, monto que luego redujo a US$150,000 durante negociaciones, y además mostró interés en recibir un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz modelo 350 o 450.
FISCALDOM exige ética, pero también garantías procesales
En paralelo, la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) emitió este lunes un comunicado formal en el que reafirma que "la ética y la responsabilidad no admiten excepciones" dentro del Ministerio Público, pero al mismo tiempo advierte que todo proceso debe desarrollarse con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, conforme a la Constitución y las leyes.
"El fortalecimiento del Ministerio Público depende, en esencia, del respeto a sus valores", concluye el documento firmado por el Consejo Directivo Nacional de FISCALDOM.
Proceso penal y disciplinario a la vez
Por tratarse de un fiscal de carrera, Valdez Alcántara enfrentará de manera simultánea un proceso penal y uno disciplinario ante el Consejo Disciplinario, instancia que determinará si la falta es catalogada como grave o muy grave.
La investigación vincula también al exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán, identificado por el Ministerio Público como la persona que habría pagado el soborno. Canaán enfrenta cargos por un presunto fraude a esa ARS estatal que, según el órgano acusador, supera los 15,000 millones de pesos.
La audiencia del martes 7 determinará si el tribunal impone la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público o establece una medida de coerción distinta. La procuradora general Yeni Berenice Reynoso dirige personalmente la investigación y ha reiterado en múltiples ocasiones que no habrá impunidad para nadie dentro de la institución.