
SANTO DOMINGO (Noticia.do) La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instó a cientos de maestros y técnicos del Ministerio de Educación a convertir las aulas en centros de formación ética, al advertir que la corrupción rompe el contrato social que sostiene a cualquier nación. Lo dijo el sábado en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa, ante directores regionales, distritales y personal de la sede central del MINERD reunidos en una jornada nacional de capacitación.
La escuela, primera línea contra la corrupción
Reynoso apeló al filósofo ilustrado Jean-Jacques Rousseau para explicar por qué la corrupción es, en esencia, una ruptura del pacto ciudadano. "Hay un pacto social que los ciudadanos y el Estado tenemos: yo asumo cierto comportamiento en la sociedad y el Estado me garantiza derechos. Pero la corrupción rompe ese pacto social, y si el pacto social se rompe, se daña la sociedad, se daña la colectividad", afirmó.
Para la magistrada, el sistema educativo dominicano tiene una responsabilidad que va más allá de la transmisión de contenidos. "La educación tiene que ser parte esencial en la formación de un modelo de ser humano", señaló Reynoso, quien destacó que de la calidad de esa formación depende el tipo de sociedad que se construye. La procuradora, graduada en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y con maestría en la PUCMM, habló también desde su experiencia como docente universitaria con más de dos décadas de trayectoria académica.
La jornada, convocada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, incluyó además las intervenciones de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental y asesora del Poder Ejecutivo en materia anticorrupción, y de Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
Bullying como delito y las novedades del Código Penal
Reynoso aprovechó el escenario para divulgar entre los educadores las principales novedades de la Ley 74-25, el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en agosto de 2026 y que reemplaza una legislación de 1884. Uno de los puntos que generó mayor atención fue la tipificación del acoso escolar como delito.
"El bullying no es una broma, el bullying lacera la dignidad de las personas, y, sobre todo, es muy delicado cuando se trata de niños, niñas y adolescentes", enfatizó la procuradora, quien señaló el efecto amplificador que tienen las redes sociales en estos casos.
Otras novedades que Reynoso explicó ante los docentes:
- Corrupción como delito autónomo: cualquier acción dolosa que afecte el patrimonio público constituye un acto de corrupción independiente, sin necesidad de estar ligado a otro tipo penal. Es la primera vez en la historia legislativa del país que esto ocurre.
- Conducción en estado de embriaguez con resultado de muerte: dejará de considerarse un accidente para tipificarse como delito de dolo eventual, con penas de hasta 20 años.
- Disparos al aire: el nuevo código establece sanciones específicas para esta práctica, frecuente en celebraciones populares.
- Responsabilidad empresarial: las empresas responden penalmente por sus actuaciones frente al Estado, incluyendo la posibilidad de disolución.
- Abuso de poder: se incorpora como tipo penal autónomo para funcionarios que utilicen su cargo en beneficio propio.
En cuanto a la corrupción en contrataciones públicas, la procuradora recordó que el funcionario que consienta o ejecute esquemas para sobrevaluar obras y servicios del Estado puede enfrentar entre 5 y 10 años de prisión.
"Cada peso robado es una oportunidad que se pierde"
Reynoso cerró su intervención con un mensaje que resonó entre el auditorio de educadores: el dinero que se desvía por corrupción es dinero que no llega a las escuelas, a los hospitales ni a la seguridad ciudadana. "De la educación depende el desarrollo, depende la calidad de la sociedad que construimos", dijo.
La jornada forma parte de una estrategia del Ministerio de Educación y el Ministerio Público para preparar al sistema educativo ante la entrada en vigor del nuevo marco legal en agosto próximo. El Código Penal (Ley 74-25) fue promulgado en agosto de 2025 y su aplicación plena arranca cuatro días antes del 20 de agosto de 2026.
