SANTO DOMINGO.- (Noticia.do) El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Milton Ray Guevara advirtió este martes que los jueces de esa alta corte que falten injustificadamente a los plenos cometen una falta grave que, según la Constitución de la República, conlleva juicio político y destitución. La advertencia la lanzó en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, al responder preguntas sobre los problemas de quórum que enfrenta actualmente el TC bajo la presidencia de Napoleón Esté Laabandier.
"Yo realmente confieso que no entiendo eso", dijo Ray Guevara, quien presidió el tribunal durante 12 años —desde su fundación en 2011 hasta diciembre de 2023— y asegura no haber tenido jamás ese problema. Durante su gestión, el pleno operó con jueces que enfrentaron dos derrames cerebrales, un cáncer y su propia cirugía de válvula aórtica. "A las tres semanas estaba trabajando", recordó.
¿Qué dice la ley sobre los jueces del TC que no van al pleno?
El artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que la asistencia a los plenos es obligatoria. La ausencia injustificada se clasifica como falta grave. Y la Constitución dominicana es específica en ese punto: las faltas graves de los jueces del TC abren la vía del juicio político, cuyo desenlace puede ser la destitución.
Ray Guevara sostuvo que durante la pandemia, incluso, los magistrados buscaron la fórmula de sesionar vía Teams para no detener la actividad jurisdiccional. Un juez que entonces se encontraba en tratamiento médico en Estados Unidos participaba en los plenos desde allá. "Todavía hay un magistrado que tiene secuelas de eso", precisó.
La referencia al TC actual llegó en el contexto de una propuesta del presidente del tribunal, Napoleón Esté Laabandier, para modificar el quórum necesario para operar. Ray Guevara no mencionó a Esté Laabandier por nombre en su crítica al problema de asistencia, pero dejó clara su posición: si los jueces tienen voluntad, el quórum no es un problema.
Candidaturas independientes: Ray Guevara entre el error del TC y la "jugada" del Congreso
El exjuez también abordó la controversia en torno a la Ley 13-26, promulgada por el presidente Luis Abinader, que eliminó las candidaturas independientes del sistema electoral dominicano en respuesta a la sentencia TC/0788/24.
Su análisis fue duro en ambas direcciones.
Sobre la sentencia del TC, Ray Guevara no escatimó: "Eso fue una metida de pata y un error inexplicable. Inexplicable. Falta de experiencia, falta de visión de lo que es la estructura del Estado". Señaló que el tribunal tenía disponible la salida de una sentencia exhortativa —la opción menos rupturista, que además fue planteada como quinto punto accesorio por la parte accionante— y en cambio optó por la ruptura constitucional.
La Constitución dominicana, explicó, otorga el monopolio de la representación política a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Las candidaturas independientes han existido en el país desde 1926, pero siempre bajo la figura de organizaciones políticas, no de grupos sociales o cívicos. Al abrir esa puerta, el TC rompió un principio estructural del Estado.
"Nadie tiene derecho a violar la Constitución, aunque sea el santísimo Tribunal Constitucional", afirmó.
Sobre la reacción del Congreso, en cambio, Ray Guevara concedió que la jugada tiene coherencia constitucional: al eliminar la ley completa en lugar de regular la figura, los legisladores no desacataron formalmente la sentencia — simplemente ejercieron su facultad soberana de derogar una norma que, según su criterio, carecía de fundamento. "No están desconociendo nada", dijo.
Pero advirtió que la maniobra tiene un costo político: las organizaciones independientes que ya se estaban preparando para inscribirse quedan en el limbo, y el desenlace de todo este proceso podría derivar en juicio político. "Lo que va a pasar ahora termina en un juicio político", anticipó.
Ray Guevara cerró su intervención con una línea que resume el riesgo que ve en el horizonte institucional: "Ellos le hicieron una jugada tremenda al TC, pero es lamentable".
El debate continuará en el Congreso cuando la Ley 13-26 sea sometida a segunda lectura. Si alguna organización política la impugna ante el propio TC, el país entrará en un terreno sin precedentes: el tribunal tendría que pronunciarse sobre la validez de una ley que, en la práctica, nació para revertir su propia sentencia.