Por Maxwell Reyes | Noticia.do

SANTIAGO.-El caso de Jean Andrés Pumarol —imputado de matar a una mujer de 70 años e hirir a cinco personas en el Ensanche Naco y que esta semana quedó en libertad tras un fallo que sacudió a la sociedad dominicana— no es un accidente judicial aislado. Es el resultado de años de incumplimiento de los protocolos de salud mental que la justicia dominicana tiene disponibles pero no aplica.

Así lo advirtió este viernes el psiquiatra José Miguel Gómez, asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud mental, durante el segmento semanal del programa Despierta, transmitido por CDN.

El protocolo que nadie activó

Cuando una persona con diagnóstico psiquiátrico previo —como la esquizofrenia paranoide que padecía Pumarol— comete un homicidio, el procedimiento legal establece que en un plazo no mayor de 72 horas la justicia debe solicitar al INACIF, a través de su unidad de psiquiatría forense, una evaluación completa que incluya psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.

"El INACIF, la psiquiatría forense como auxiliar de la justicia, para eso fue el origen que se le dio", explicó el doctor Gómez. Ese equipo es el que determina si el imputado se encontraba en un brote psicótico al momento de los hechos —es decir, si tenía conciencia real de lo que hacía— y emite en sobre cerrado un diagnóstico completo que le sirve al juez para tomar decisiones fundamentadas.

El plazo de 72 horas no es arbitrario: si la persona está psicótica en ese momento, los especialistas pueden constatarlo directamente en el examen mental. Cruzado con la historia clínica familiar y los antecedentes del paciente, permite distinguir si el brote se debe a la enfermedad, al abandono del tratamiento, al consumo de sustancias o incluso a una condición neurológica como epilepsia o un tumor cerebral.

"Cuando tú lo cruzas con la información familiar, con la historia heredo familiar, evidentemente ahí se registran los hechos", señaló Gómez.

Qué pasa después del diagnóstico

Una vez el juez recibe el informe pericial, el camino correcto no es la libertad pura y simple ni la cárcel ordinaria. El imputado debe ingresar a una unidad de salud mental dentro del sistema penitenciario para recibir tratamiento. En la cárcel de La Nueva (Najayo) hay psiquiatras, psicólogos y una unidad habilitada para eso. El ciclo tiene dos fases: entre 15 y 20 días para yugular la crisis aguda, y de tres a seis meses de rehabilitación y reinserción social.

Solo cuando esa unidad certifica que el paciente ya no está en activación de síntomas y tiene un plan de rehabilitación, el juez puede evaluar la siguiente etapa. "El juez no puede determinarlo para su casa sin antes recibir la información del cuerpo de salud mental", subrayó el especialista.

En el caso Pumarol, nada de esto ocurrió con los protocolos correctos. El imputado fue enviado al Centro de Rehabilitación Anamuya en Higüey —un centro que, según el doctor Gómez, no contaba con la unidad de tratamiento psiquiátrico especializado que el caso requería.

Más de 500 enfermos mentales en las cárceles

El caso Pumarol no es el único. El doctor Gómez citó al director del sistema penitenciario, Roberto Santana, quien ha reconocido públicamente que más de 500 reclusos en las cárceles dominicanas tienen condiciones de salud mental, muchos de ellos sin diagnóstico formal ni tratamiento.

La solución, según el psiquiatra, no requiere grandes inversiones: habilitar unidades de entre 10 y 15 camas en los centros penitenciarios donde ya existen profesionales disponibles, con medicamentos antipsicóticos, antiepilépticos y estabilizadores del humor. "Menos de un mes usted puede abrir esas unidades. Yo lo veo como falta de gerencia", afirmó.

El doctor Gómez también señaló que la inequidad en el sistema es evidente: algunos imputados con condiciones psiquiátricas reciben evaluación y tratamiento, mientras otros permanecen en cárceles comunes sin que se determine qué hacer con ellos. Citó el caso de una militar que mató a una niña y que, según dijo, tiene una condición psiquiátrica pero no ha recibido ni condena ni atención especializada.

¿Por qué se descompensa un paciente medicado?

Una pregunta que genera confusión pública es por qué una persona bajo tratamiento puede recaer. El doctor Gómez fue preciso: una recaída en un paciente ya diagnosticado ocurre cuando abandona la medicación, baja las dosis sin supervisión o pierde el seguimiento médico regular. La esquizofrenia y el trastorno bipolar no se curan —se controlan. Con tratamiento constante, el paciente puede estudiar, trabajar y llevar una vida funcional. Sin él, el riesgo de un brote agudo es real.

El psiquiatra también señaló que, en los próximos días, el fallo completo del caso Pumarol estará disponible para lectura íntegra, fijada para el 9 de abril de 2026. El Ministerio Público ya anunció que apelará la decisión, argumentando que el tribunal incurrió en una contradicción al rechazar primero la inimputabilidad y luego aplicar sus efectos prácticos con el auto de no ha lugar.

Lo que está en juego, más allá del caso concreto, es si la República Dominicana va a seguir tratando a sus imputados con trastornos mentales de forma desigual —o si el sistema judicial y el sistema penitenciario van a coordinarse para aplicar los protocolos que ya existen.